Panorama Global

Rusia ha sido, sin ninguna duda, uno de los países de mayor presencia en el escenario global del último siglo. No solo por el vasto territorio que gobernaron los zares ni por el triunfo de una revolución proletaria. Sino que, después de una debilitada etapa de presencia regional y mundial, el expreso de Siberia ha regresado.

El ascenso al poder del ex agente de la KGB, Vladimir Putín y sus firmes y controvertidas decisiones, especialmente cuando de luchar contra el terrorismo se trató, parecen haber despertado a la gigante Rusia. La Rusia de Putín ha retomado su liderazgo regional y mundial.

Pero, a diferencia del liderazgo ejercido por la URSS, la confrontación actual no es de ideologías. La batalla entre socialismo y capitalismo no tiene más como uno de sus representantes al gobierno del Kremlin, al menos no en la orilla de la izquierda.

Sin embargo, la ausencia de lucha ideológica no ha desaparecido la búsqueda de mejores posiciones en el ajedrez internacional. Solo así puede explicarse la participación cada vez más constante de Rusia en América Latina. Pues, de qué otro modo puede explicarse que un país que no tiene más del 1% de su comercio bilateral con América Latina declaré que Venezuela es un socio prioritario en sus relaciones internacionales. O, impulse la carrera armamentista entre nosotros.

En efecto, la debilidad que tiene EEUU después de la crisis mundial que Wall Street inició y el desgaste de la intervención militar a Irak parecen haber agotado al Departamento de Estado. Y Rusia parece estar dispuesta a retomar posiciones y comunicarle al mundo que Rusia es un actor importante en la nueva gobernanza global.

El manejo, por no decir manipulación de recursos naturales que ha hecho Putín con sus principales aliado y no aliados en Europa del Este, ha sido una medida tan firme como inhumana, que obligaba a esa lejana región ha someterse ante la propuesta de negociación rusa. Sin embargo, esa estrategia no trae resultados en América Latina, compuesta por países que tienen una tradición de proveedores de recursos a escala mundial. Entonces, ¿cuál debe ser el elemento a canjear que le permita el acceso al juego de poder Latinoamericano?

Parece ser que la carrera armamentista latinoamericana ha creado las condiciones para que Rusia sea un buen proveedor para los países disidentes de la Política Exterior norteamericana. Así, si EEUU apoya incondicionalmente a Colombia, Chile y Perú; Venezuela cuenta con la cooperación y apoyo militar de Rusia e Irán. Una guerra fría descafeinada o una contienda sin ideología.

Poco a poco, y sin proponérselo, América Latina parece convertirse en un escenario de mayor importancia para el ordenamiento mundial del siglo XXI. El expreso de Siberia parece haber dirigido su locomotora hacia nosotros. Lamentablemente, el primer vagón fue el de material militar.

Coordinador General del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales ILADIR

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?

Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.

Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.

El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.

La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.

Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas: (1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. (2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. (3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

Dios ha estado ocupado estos días y el franquismo ha mostrado la inmensa cuota de poder que tiene en la sociedad española. La fórmula es fácil: sacar del camino al juez que puede investigar los crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil Española.

Baltasar Garzón, el superjuez, fue suspendido de sus funciones por querer reabrir las investigaciones sobre el genocidio que se cometió cuando Francisco Franco gobernaba España. Los cargos que afronta son: haber recibido unos honorarios del Banco Santander por unas conferencias dictadas en Nueva York, la interceptación telefónica en la investigación sobre la red “Gürtel” y , la más importante, por investigar los crímenes del franquismo.

Lo último, le ha valido una denuncia por prevaricación porque ha iniciado una investigación sobre la desaparición de más de cien mil republicanos, cuyos cuerpos se encuentran en fosas comunes. También, por querer averiguar el destino de los 30000 niños que fueron arrebatados a sus madres en la cárcel para ser entregados a las familias vencedoras de la guerra civil.

Parece que a los partidos ligados al franquismo no les gusta que se vuelva a recordar los crímenes que su líder cometió y que pretendían borrar de la conciencia mundial con una ley de amnistía, que es como los dictadores y genocidas se han protegido siempre. Como si una norma pudiera ser más importante que el valor universal denominado justicia, como si una norma pudiera ser superior a la dignidad humana (principio también consagrada en la constitución española) y como si una norma pudiese completar el ciclo de catarsis en la sociedad española.

Baltasar Garzón quería investigar, fiel a su teoría de imprescriptibilidad de los Derechos Humanos, los crímenes que sucedieron hace más de 70 años. Es cierto, los autores de esos crímenes ya murieron y no serán sancionados por la justicia española, pero hay algo más importante que eso y que aún no se ha hecho: reconocer que las víctimas fueron vulneradas en sus derechos y que merecen una reparación. Además, de decir, con una sentencia judicial, lo que nos quieren hacer olvidar: durante el franquismo se cometió genocidio y violaciones a los derechos humanos. Si eso no se hace, la sociedad española seguirá con un conflicto social no solucionado, una guerra civil silenciosa. Los dictadores del mundo creerán que pueden violar los derechos humanos y que mediante una ley de amnistía serán protegidos y nadie los perseguirá.

Eso es lo que representa Baltasar Garzón para la comunidad internacional: un juez que fue capaz de perseguir a otros dictadores y llevarlos a un juicio (lo que sucedió con Pinochet en 1998), un juez que fue capaz de denunciar las atrocidades cometidas en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas, un juez que se ha convertido en el símbolo de la protección a los Derechos Humanos. Por ello, acabar con él es un duro golpe a la defensa de los Derechos Humanos y una recompensa a la impunidad de los dictadores.

Denny Eryck Nilson Piña García

Los legos no sabremos mucho sobre ciencia, pero creemos saber algo sobre los científicos, y es que su coeficiente intelectual suele ser inversamente proporcional a su inteligencia emocional. No en vano la física, reina indiscutida entre las ciencias, nos provee a los protagonistas de “The Big Bang Theory”, comedia que apenas requiere parodiar la idiosincrasia del gremio para lograr un efecto humorístico.

Por eso, es particularmente paradójico el poder que algunos científicos han adquirido en las últimas décadas. Al punto de dar lugar al estudio de las denominadas “comunidades epistémicas” como una nueva veta dentro de la investigación académica en relaciones internacionales. El concepto de comunidad epistémica puede entenderse a partir del más insigne de sus ejemplos: el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Dada la enorme complejidad del tema, los principales estados acordaron deferir parte de la autoridad sobre el mismo a un connotado grupo de científicos. En este caso, los términos de un debate sobre la existencia, causas, consecuencias y posibles soluciones de un problema de política pública (el calentamiento global) no los definen los actores políticos habituales, sino una comunidad académica a la que aquellos reconocen un virtual monopolio sobre el conocimiento en torno al tema.

Lo cual convierte a algunos miembros de esa comunidad académica en actores políticos por derecho propio, con lo cual comienzan a comportarse como el mortal promedio cuando adquiere una posición de poder. Por ejemplo, la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de Anglia del Este es afamada por compilar el que probablemente sea el registro más exhaustivo del clima terráqueo. Pero es también infame por unos correos electrónicos que sugerían que sus investigadores se confabulaban para ocultar información que, aunque indiciaria y parcial, parecía contradecir algunos de sus hallazgos. Y aunque ello no vulnera el consenso básico de la comunidad científica respecto del cambio climático, dotó a fuerzas políticas conservadoras de municiones con las cuales disparar contra una de sus presas favoritas. Llegándose a casos extremos como el del congresista republicano por Georgia, Paul Broun, según el cual “el cambio climático no es más que una patraña perpetrada por la comunidad científica”.

En realidad, la estructura de incentivos que enfrenta el panel de expertos no los induce precisamente a exagerar el problema: aunque sus integrantes no son representantes de los Estados de los cuales son ciudadanos, saben que sus hallazgos deben someterse al escrutinio de los Estados más poderosos antes de hacerse públicos.

Según algunos republicanos, el cambio climático no era la única conspiración urdida por científicos que, tras el verde de sus convicciones ecológicas, ocultarían el rojo de sus convicciones ideológicas: las probables implicancias ecológicas de la extracción de petróleo frente a las costas de los Estados Unidos caía también dentro de esa categoría. O al menos ese parecía ser el caso hasta que el reciente derrame de crudo en el Golfo de México hizo realidad las peores previsiones. Políticamente descolocado frente a esos hechos, el comentarista televisivo Rush Limbaugh, vocero oficioso de la derecha republicana, no tuvo mejor ocurrencia que sugerir la posibilidad de que el desastre fuera producto de un sabotaje perpetrado por grupos ecologistas.

La política peruana hace años que está encerrada en una falsa dicotomía. Buen manejo macroeconómico versus reforma social y del Estado, como si ambas opciones fuesen excluyentes. Esta dicotomía es falsa. Está muy alejada de lo que la gente vive, de sus problemas y aspiraciones.

El Perú de hoy se caracteriza por cuatro realidades que lo fragmentan y le dan una fragilidad socio-política que puede comprometer su destino:

1) El crecimiento acumulado de hace más de diez años ha aumentado el consumo, abierto nuevas oportunidades de trabajo, disminuido en algo la pobreza y recuperado aunque de manera aún insuficiente las clases medias, pero las desigualdades se acrecientan.

2) Al mismo tiempo el Estado que fue desmantelado no se ha reformado ni fortalecido para cumplir con eficiencia su papel de institución representativa de todos los sectores de la sociedad y de árbitro entre intereses diversos. Ese Estado, arrinconado, alicaído y fragmentado se ha puesto al servicio de quienes más tienen, cuando debería estar al servicio de todos, pero de manera prioritaria de los extremadamente pobres, los pobres y las clases medias.

3) La desigualdad y la exclusión están en el origen de los conflictos sociales, en el contexto de una estructura estatal y política que no tiene canales de inclusión de las propias clases medias, los pobres y vulnerables, pero especialmente de los pueblos indígenas, quechuas, aymaras y amazónicos. La descentralización empodera derechos e identidades regionales, pero los gobiernos regionales son parte del Estado débil y desestructurado, sin facultades para gestionar eficientemente sus recursos y los bienes públicos.

4) El ataque ideológico al Estado -como si pudiera existir sociedad nacional peruana sin estado peruano- ha debilitado la conciencia nacional y frivolizado la identidad nacional, fomentando una cultura individualista y egoísta que soslaya los valores de la solidaridad y el bien común. Se relajan los sentimientos de identidad colectiva familiar, social y nacional, favoreciendo la corrupción, el crimen y la pérdida de respeto a la institucionalidad del Estado.

El destino del Perú, para ser una sociedad y un Estado nacionales y democráticos con crecimiento sostenido, bienestar y con respeto a los derechos de todos, integrado y respetuoso de las identidades de la diversidad cultural y étnica, requiere como programa mucho más que una posición frente a las variables macroeconómicas, respecto de las cuales creo, además, que existe un amplísimo consenso.

Ninguna fuerza política gravitante, como en casi toda América latina, cuestiona una política macroeconómica de disciplina y estabilidad. Por el contrario hay ya una cultura económica que sabe que las decisiones de gobierno, de cualquier gobierno, deben propender a mantener una tasa de crecimiento del PBI por encima del 4.5 %, controlar absolutamente los índices de inflación, cuidar que el déficit fiscal no salga de márgenes mínimos, incrementar las reservas y disminuir las tasas de Desempleo. Pero ello no es incompatible -más bien requisito - con el cambio y la cohesión social, con la revalorización de las capacidades del Estado; con el aumento de sus ingresos, a través del pacto fiscal, para invertir en defensa nacional, seguridad pública, salud, Educación y fortalecimiento de los núcleos familiares como factores esenciales de la cohesión social y nacional; para que quechuas, aimaras, amazónicos y peruanos en el exterior tengan circunscripciones especiales para estar representados en el sistema político. Y así emprender el desafío de la inclusión.