Los últimos días, todos los medios de comunicación del país le han brindado cobertura a más de un sonado crimen. El aumento de la criminalidad es alarmante, en especial en nuestra ciudad, históricamente tan pacífica y acogedora.
Una justificación común a este problema es suponer que la falta de oportunidades empuja a los perjudicados a la deshonestidad. Nada más falso. Si existiera una correlación directa entre desempleo y delincuencia, el boom económico de Trujillo habría disminuido el problema. Las necesidades materiales no satisfechas como justificación son una farsa. Aunque nadie duda que una distribución más equitativa de la oportunidad sea necesaria.
¿Acaso los delincuentes usan el dinero obtenido por medios ilícitos en generar las oportunidades que espontáneamente no tienen? ¿Acaso ellos usan el botín obtenido en la educación de sus hijos o en obtener un mejor medio de vida? ¿No será que acaso este dinero mal habido es gastado en alcohol, drogas y mujeres de dudosa reputación?
El problema es más complejo que la adecuada investigación y detención de quienes quebrantan la ley. Incluso si se logrará la detención de todos ellos, no tendríamos suficientes centros penitenciarios para alojarlos. Y de ser así, nada garantizaría que, al salir de ahí, se reincorpore a nuestra sociedad una persona regenerada. Por el contrario, es más probable que, a más de un mal elemento, la prisión le sirva de entrenamiento.
Lo que parece pasar desapercibido (o trata de ser –consciente o inconsciente- ocultado) en la discusión es que, en algunos sectores de nuestra sociedad, algunos delincuentes son vistos con admiración y sus fechorías contadas como hazañas. Mientras en un sector de la sociedad, los criminales sean admirados, siempre habrá jóvenes confundidos que quieran emularlos.
Esta alteración de valores pone en riesgo nuestra vida en comunidad. Esta retorcida percepción es un aliciente para quienes dan sus primeros pasos en el hampa. Aquello que el sentido común considera nocivo es para ellos el medio de obtener dinero, fama y reconocimiento.
De no atacar y vencer este mal, en no mucho tiempo nuestro país se parecerá a algunos países donde la autoridad se ha perdido por completo.
El caso de América Central puede ser ilustrativo. Las maras han generado una situación tan incontrolable que no es inusual que un grupo de mareros tome por asalto una unidad de transporte público en pleno centro de la ciudad. De encontrar resistencia, adolescentes de entre 14 y 18 años, inician a una balacera digna del salvaje oeste. El orgullo de sus líderes se mide entonces por la dimensión del terror producido.
El problema no es, solamente, jurídico. Aunque nadie niega que sea necesaria una administración de justicia más eficiente, no basta un cambio legislativo para acabar con el problema. Suponerlo es creer que la realidad puede transformarse por decreto. En Honduras, por citar un ejemplo, la responsabilidad penal ha disminuido de los 18 a los 14 años de edad y nada ha mejorado.
Dr. Julio Raúl Corcuera Portugal.
Coordinador General del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales ILADIR
www.iladir.org
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