Panorama Global

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?

Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.

Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.

El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.

La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.

Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas: (1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. (2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. (3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

Dios ha estado ocupado estos días y el franquismo ha mostrado la inmensa cuota de poder que tiene en la sociedad española. La fórmula es fácil: sacar del camino al juez que puede investigar los crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil Española.

Baltasar Garzón, el superjuez, fue suspendido de sus funciones por querer reabrir las investigaciones sobre el genocidio que se cometió cuando Francisco Franco gobernaba España. Los cargos que afronta son: haber recibido unos honorarios del Banco Santander por unas conferencias dictadas en Nueva York, la interceptación telefónica en la investigación sobre la red “Gürtel” y , la más importante, por investigar los crímenes del franquismo.

Lo último, le ha valido una denuncia por prevaricación porque ha iniciado una investigación sobre la desaparición de más de cien mil republicanos, cuyos cuerpos se encuentran en fosas comunes. También, por querer averiguar el destino de los 30000 niños que fueron arrebatados a sus madres en la cárcel para ser entregados a las familias vencedoras de la guerra civil.

Parece que a los partidos ligados al franquismo no les gusta que se vuelva a recordar los crímenes que su líder cometió y que pretendían borrar de la conciencia mundial con una ley de amnistía, que es como los dictadores y genocidas se han protegido siempre. Como si una norma pudiera ser más importante que el valor universal denominado justicia, como si una norma pudiera ser superior a la dignidad humana (principio también consagrada en la constitución española) y como si una norma pudiese completar el ciclo de catarsis en la sociedad española.

Baltasar Garzón quería investigar, fiel a su teoría de imprescriptibilidad de los Derechos Humanos, los crímenes que sucedieron hace más de 70 años. Es cierto, los autores de esos crímenes ya murieron y no serán sancionados por la justicia española, pero hay algo más importante que eso y que aún no se ha hecho: reconocer que las víctimas fueron vulneradas en sus derechos y que merecen una reparación. Además, de decir, con una sentencia judicial, lo que nos quieren hacer olvidar: durante el franquismo se cometió genocidio y violaciones a los derechos humanos. Si eso no se hace, la sociedad española seguirá con un conflicto social no solucionado, una guerra civil silenciosa. Los dictadores del mundo creerán que pueden violar los derechos humanos y que mediante una ley de amnistía serán protegidos y nadie los perseguirá.

Eso es lo que representa Baltasar Garzón para la comunidad internacional: un juez que fue capaz de perseguir a otros dictadores y llevarlos a un juicio (lo que sucedió con Pinochet en 1998), un juez que fue capaz de denunciar las atrocidades cometidas en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas, un juez que se ha convertido en el símbolo de la protección a los Derechos Humanos. Por ello, acabar con él es un duro golpe a la defensa de los Derechos Humanos y una recompensa a la impunidad de los dictadores.

Denny Eryck Nilson Piña García

Los legos no sabremos mucho sobre ciencia, pero creemos saber algo sobre los científicos, y es que su coeficiente intelectual suele ser inversamente proporcional a su inteligencia emocional. No en vano la física, reina indiscutida entre las ciencias, nos provee a los protagonistas de “The Big Bang Theory”, comedia que apenas requiere parodiar la idiosincrasia del gremio para lograr un efecto humorístico.

Por eso, es particularmente paradójico el poder que algunos científicos han adquirido en las últimas décadas. Al punto de dar lugar al estudio de las denominadas “comunidades epistémicas” como una nueva veta dentro de la investigación académica en relaciones internacionales. El concepto de comunidad epistémica puede entenderse a partir del más insigne de sus ejemplos: el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Dada la enorme complejidad del tema, los principales estados acordaron deferir parte de la autoridad sobre el mismo a un connotado grupo de científicos. En este caso, los términos de un debate sobre la existencia, causas, consecuencias y posibles soluciones de un problema de política pública (el calentamiento global) no los definen los actores políticos habituales, sino una comunidad académica a la que aquellos reconocen un virtual monopolio sobre el conocimiento en torno al tema.

Lo cual convierte a algunos miembros de esa comunidad académica en actores políticos por derecho propio, con lo cual comienzan a comportarse como el mortal promedio cuando adquiere una posición de poder. Por ejemplo, la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de Anglia del Este es afamada por compilar el que probablemente sea el registro más exhaustivo del clima terráqueo. Pero es también infame por unos correos electrónicos que sugerían que sus investigadores se confabulaban para ocultar información que, aunque indiciaria y parcial, parecía contradecir algunos de sus hallazgos. Y aunque ello no vulnera el consenso básico de la comunidad científica respecto del cambio climático, dotó a fuerzas políticas conservadoras de municiones con las cuales disparar contra una de sus presas favoritas. Llegándose a casos extremos como el del congresista republicano por Georgia, Paul Broun, según el cual “el cambio climático no es más que una patraña perpetrada por la comunidad científica”.

En realidad, la estructura de incentivos que enfrenta el panel de expertos no los induce precisamente a exagerar el problema: aunque sus integrantes no son representantes de los Estados de los cuales son ciudadanos, saben que sus hallazgos deben someterse al escrutinio de los Estados más poderosos antes de hacerse públicos.

Según algunos republicanos, el cambio climático no era la única conspiración urdida por científicos que, tras el verde de sus convicciones ecológicas, ocultarían el rojo de sus convicciones ideológicas: las probables implicancias ecológicas de la extracción de petróleo frente a las costas de los Estados Unidos caía también dentro de esa categoría. O al menos ese parecía ser el caso hasta que el reciente derrame de crudo en el Golfo de México hizo realidad las peores previsiones. Políticamente descolocado frente a esos hechos, el comentarista televisivo Rush Limbaugh, vocero oficioso de la derecha republicana, no tuvo mejor ocurrencia que sugerir la posibilidad de que el desastre fuera producto de un sabotaje perpetrado por grupos ecologistas.

La política peruana hace años que está encerrada en una falsa dicotomía. Buen manejo macroeconómico versus reforma social y del Estado, como si ambas opciones fuesen excluyentes. Esta dicotomía es falsa. Está muy alejada de lo que la gente vive, de sus problemas y aspiraciones.

El Perú de hoy se caracteriza por cuatro realidades que lo fragmentan y le dan una fragilidad socio-política que puede comprometer su destino:

1) El crecimiento acumulado de hace más de diez años ha aumentado el consumo, abierto nuevas oportunidades de trabajo, disminuido en algo la pobreza y recuperado aunque de manera aún insuficiente las clases medias, pero las desigualdades se acrecientan.

2) Al mismo tiempo el Estado que fue desmantelado no se ha reformado ni fortalecido para cumplir con eficiencia su papel de institución representativa de todos los sectores de la sociedad y de árbitro entre intereses diversos. Ese Estado, arrinconado, alicaído y fragmentado se ha puesto al servicio de quienes más tienen, cuando debería estar al servicio de todos, pero de manera prioritaria de los extremadamente pobres, los pobres y las clases medias.

3) La desigualdad y la exclusión están en el origen de los conflictos sociales, en el contexto de una estructura estatal y política que no tiene canales de inclusión de las propias clases medias, los pobres y vulnerables, pero especialmente de los pueblos indígenas, quechuas, aymaras y amazónicos. La descentralización empodera derechos e identidades regionales, pero los gobiernos regionales son parte del Estado débil y desestructurado, sin facultades para gestionar eficientemente sus recursos y los bienes públicos.

4) El ataque ideológico al Estado -como si pudiera existir sociedad nacional peruana sin estado peruano- ha debilitado la conciencia nacional y frivolizado la identidad nacional, fomentando una cultura individualista y egoísta que soslaya los valores de la solidaridad y el bien común. Se relajan los sentimientos de identidad colectiva familiar, social y nacional, favoreciendo la corrupción, el crimen y la pérdida de respeto a la institucionalidad del Estado.

El destino del Perú, para ser una sociedad y un Estado nacionales y democráticos con crecimiento sostenido, bienestar y con respeto a los derechos de todos, integrado y respetuoso de las identidades de la diversidad cultural y étnica, requiere como programa mucho más que una posición frente a las variables macroeconómicas, respecto de las cuales creo, además, que existe un amplísimo consenso.

Ninguna fuerza política gravitante, como en casi toda América latina, cuestiona una política macroeconómica de disciplina y estabilidad. Por el contrario hay ya una cultura económica que sabe que las decisiones de gobierno, de cualquier gobierno, deben propender a mantener una tasa de crecimiento del PBI por encima del 4.5 %, controlar absolutamente los índices de inflación, cuidar que el déficit fiscal no salga de márgenes mínimos, incrementar las reservas y disminuir las tasas de Desempleo. Pero ello no es incompatible -más bien requisito - con el cambio y la cohesión social, con la revalorización de las capacidades del Estado; con el aumento de sus ingresos, a través del pacto fiscal, para invertir en defensa nacional, seguridad pública, salud, Educación y fortalecimiento de los núcleos familiares como factores esenciales de la cohesión social y nacional; para que quechuas, aimaras, amazónicos y peruanos en el exterior tengan circunscripciones especiales para estar representados en el sistema político. Y así emprender el desafío de la inclusión.

Deberíamos tener algunos políticos que estén dispuestos a bajarse los pantalones frente a las masas enardecidas para mostrar la honestidad de sus reacciones, que estén dispuestos a poner mimos como directores del tránsito para que nos den más educación vial, que estén dispuestos a enseñarnos a desfogar nuestra ira con un muñeco de trapo para practicar la violencia simbólica, ¿ imposible? Pues en Bogotá hay un político que lo ha hecho y ha cambiado la forma de hacer política en nuestro vecino país.

Antanas Mockus saltó a la palestra política cuando, indignado por los reclamos injustificables de los estudiantes de la Universidad Pública de Colombia, se bajó los pantalones, se volteó y mostró a todos que era un hombre no acostumbrado a maquillar sus reacciones. Algunos piensan que allí nació el Antanas político y el cambio de Bogotá, ciudad que lo eligió como su alcalde en 1995.

Cuando se convirtió en alcalde, inició una campaña para combinar la ley y la moral: las conductas antijurídicas deberían generar el rechazo social y la gente debería expresar ese rechazo. Una manito roja indicaba que no respetabas las normas y una blanca, que eras un ciudadano respetuoso de la ley. Algo así como las estrellitas que la profesora del jardín nos ponía cuando hacíamos una buena acción.

Luego, decidió acabar con la corrupción de los policías de tránsito y sacó a los mimos a la calle para que eduquen a la gente. Algunos policías fueron despedidos y algunos otros se convirtieron en mimos. Los peatones y los conductores empezaron a respetar las normas.

No contento con ello, impidió a los bares y restaurantes atender después de la una de la madrugada, esto fue su popular “ley zanahoria”. Los cheleros y juergueros del fin de semana protestaron. Pero los médicos salían contentos de los hospitales después de la una de la madrugada, porque había pocos pacientes que atender. Mockus le demostró a su gente que la vida humana vale más que la juerga del fin de semana.

Además, Mockus le enseñó a la gente una nueva fórmula contra la violencia: no había que reprimirla, había que desfogarla y reventar el primer muñeco de trapo que tengan delante, como cuando nuestros niños revientan la piñata de las fiestas y, luego, están contentos. El alcalde les enseñó que deberían vacunarse contra la violencia.

Tanta eficiencia en sus campañas, convenció a 65000 de los ciudadanos más ricos a donar el 10 % extras de sus ingresos. Así Mockus y Peñalosa, alcalde que le sucedió en el cargo, lograron hacer de Bogotá una ciudad diferente: el tránsito es más ordenado (1 600000 viajan en el transmilenio, que es una obra del alcalde Peñalosa), se ha disminuido en 22 % el tráfico de automóviles, el 98.5% de los niños van al colegio, todas las casas tienen los servicios básicos y las muertes por accidentes de tránsito han disminuido en un 50 % y los homicidios, también.

Esta es una forma de hacer política. La forma de ser honesto y de educar a la gente para cambiar, por ello una de las propuestas presidenciales del hoy candidato mockus es centrar el desarrollo de Colombia en la educación y, lo que es más importante, en la decencia política y la acción.

Pedro José Cabel Rabines

Conformada por cerca de 150 países, los que representan cerca del 97 % del comercio mundial, sus decisiones son adoptadas por el consenso de los países miembros. No obstante, también es posible que las decisiones se adopten por el voto de la mayoría, aunque este sistema ha sido utilizado pocas veces.

El órgano superior de adopción de decisiones es la Conferencia Ministerial, la cual se reúne cada dos años. El nivel inmediatamente inferior es el Consejo General, el cual está compuesto normalmente por embajadores y jefes de delegación, los cuales se reúnen constantemente en Ginebra.

Subordinados a este Consejo, se encuentran los siguientes estamentos que le rinden informes: Consejo del Comercio de Mercancías, Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Asimismo, cuenta con un importante número de comités y grupos de trabajo especializado que se encargan de los distintos acuerdos y de otros temas relacionados.

La participación de la OMC en el comercio mundial lo ha vuelto más prospero, tranquilo y fiable. Los consumidores y productores saben que pueden contar con suministros en mayor cantidad y variedad. Por otro lado, los productores y exportadores tienen la certeza que los mercados permanecerán abiertos a sus actividades.

En conclusión, la OMC a través de su estructura y sus acuerdos ha generado seguridad en las relaciones comerciales y, al hacer más dinámico el comercio, ha logrado un crecimiento económico sostenible.

Denny Eryck Nilson Piña García

Me niego a creer que las declaraciones de Monseñor Bambarén sobre su aceptación de la pena de muerte para los violadores sean ciertas. Lo pienso porque esta afirmación es contraria a todos los esfuerzos que se está haciendo a nivel mundial para la erradicación de la pena de muerte en cualquiera de sus extremos. El reconocimiento universal del hombre como fin en sí mismo así lo exige. Y la pena de muerte para los peores delitos, los de lesa humanidad, ya no se aplica.

A nivel internacional, se busca abolirla y para ello, producto de la concertación de los países, se han ido creando normas internacionales que reemplazan la pena de muerte por otro tipo de sanciones. Este cambio ha sido gradual desde el Tribunal de Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional.

El Tribunal de Nuremberg , que permitió juzgar a los responsables del holocausto judío, condenó a 11 nazis a la pena capital por ahorcamiento. No se encontró mejor forma de hacer que otros hombres escarmienten y los 11 nazis sirvieron de medio para ello.

Lo mismo ocurrió en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, encargado de procesar y condenar a los japoneses, aliados de los alemanes. El resultado fue 7 japoneses condenados a muerte (menos el emperador Hirohito: su alta envestidura lo protegió). La pena seguía sirviendo como medida ejemplificadora.

Sin embargo, Las violaciones a los derechos humanos por razones étnicas no se detuvieron y lo más simbólico es el caso de la ex Yugoslavia. 50000 muertos y miles de violaciones a los derechos humanos justificaron un tribunal penal internacional. Esta vez se respetaría la dignidad humana de estos genocidas y solo se aplica la pena privativa de libertad. La pena de muerte no disuadía a nadie.

Lo mismo sucedía en Ruanda. 1000000 de muertes y 250000 mujeres violadas justificaron la creación de otro tribunal penal internacional. Solo se impuso la pena privativa de libertad. Se confirmaba que la pena de muerte no disuade y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha optado por una corriente de no aplicación de la pena de muerte en los tribunales penales internacionales.

Esta posición del Consejo de Seguridad, manifestada en la resolución 827 ( ex Yugoslavia) y la resolución 955 ( Ruanda), se ha expresado una vez más en la estatuto de la Corte Penal Internacional: las únicas penas aplicables son la pena privativa de libertad, la multa y el decomiso. La pena de muerte está en retirada.

Esta es la posición mundial sobre la pena de muerte, es decir, su abolición en los cortes penales internacionales. Sin mencionar que los países siguen aboliéndola en sus legislaciones internas (Burundi y Togo se han unido a esta corriente abolicionista). Esta es la corriente internacional sobre la pena de muerte y es, lo que a la larga, tendrá que hacer el Perú reformando el artículo 140 de la Constitución que permite la aplicación de la pena en algunos casos. De lo contrario nos quedaremos relegados del Panorama Internacional.

Durante estos últimos días, hemos sido testigos de una noticia que ha acaparado los titulares de los medios de comunicación: los “paros”. La verdad, ya no se nos hace raro escuchar o ver en las noticias que en cualquier lugar de nuestro país algún grupo de personas se levantan en paro y esto, generalmente, se da porque el gobierno no cumplió con lo que había prometido.

Los manifestantes están en todo su derecho de manifestar su opinión respecto a algo, pero el problema es que al reclamar no lo hacen de una manera adecuada. Varias de estas protestas han acabado en caos y tragedias.

Varias de estas personas toman como “excusa” este incumplimiento gubernamental para cometer actos vandálicos y lo irónico es que, cuando el gobierno manda a las fuerzas del orden, estos vándalos denuncian maltratos.

Es difícil entenderlos, pues ellos alegan que están reclamando por algo justo, pero creen que eso les da la potestad de poder saquear, robar, bloquear caminos y hasta de matar. Pero a ellos no se les puede ni siquiera tocar pues se presentan como victimas y esto es algo muy recurrente.

Recordemos sino el bloqueo de la panamericana sur en Arequipa por parte de los mineros. Estos manifestantes no tienen el derecho suficiente para obligar a las personas que viajan a quedarse varados en las carreteras. Eso es abuso y ellos, con esa acción, están violando los derechos de las demás personas.

Otro gran abuso es que, cuando están varios días en sus plantones y se les acaba los alimentos, van y saquean las tiendas de abarrotes.

Y ni qué decir de los encarnizados enfrentamientos que sostienen ellos con los policías cuántas muertes no se han dado y cuántos inocentes no han caído abatidos por una bala perdida.

Lo curioso es que varias de estas personas que van a estas manifestaciones no “saben” o “no tienen claro” el motivo de su protesta y si capturan a uno de estos vándalos, los dirigentes dicen que “no es de su gremio” y que alguien los infiltro para desprestigiarlos

En resumen, ojalá que los próximos reclamos sean de una manera más pacifica respetando los derechos de los demás. Recordemos que los paros solo incrementan los daños y la mala imagen que se gana el Perú a nivel internacional.

Finalizada la Guerra del Peloponeso, los espartanos mantuvieron la hegemonía en la Hélade. Pero se ganaron la enemistad de los demás estados griegos: el régimen de las decarquías no fue muy bien aceptado en las ciudades.

Los espartanos tuvieron la visión de expandirse sobre el imperio persa. Al estar ya cansado el pueblo espartano del poder que tenía Lisandro, rey de Esparta, lo destituyó de su cargo y nombró a Agesilao, quien tomó las riendas en su expansión.

Mientras esto sucedía en Esparta, la ciudad – estado de Tebas se levantó en armas debido al disgusto que sentía por la política espartana impuesta: el abuso del poder de los monarcas espartanos y la persecución a los tebanos adinerados.

Esta rebelión originó que los espartanos firmaron la “paz del rey” con el imperio Persa para que este imperio tome el dominio de las ciudades jonias de Asia Menor y ,a cambio, los espartanos recibían el oro que les permitía seguir manteniendo su hegemonía.

Con el oro persa, los espartanos financiaron la campaña para someter a los rebeldes tebanos y, después de conseguir su objetivo, reforzaron la seguridad sobre este pueblo. Pero los tebanos consiguieron burlar esa vigilancia gracias a un joven militar muy talentoso: Pelópidas.

Los atenienses y los tebanos formaron una segunda Liga Ática en contra de Esparta. Los atenienses firmaron una paz con los espartanos a espaldas de los tebanos. Por ello,, los tebanos se aliaron con Beocia y en la Batalla de Leuctra (371 a.C) Tebas se ubicó a la cabeza de la Hélade. Ellos contaban con un gran político y militar: Epaminondas, quien había sustituido en la dirección militar a Pelópidas.

Los espartanos ansiaban tener el dominio de la Hélade nuevamente, por eso, se produjo la Batalla de Mantinea (362), en la cual muere Epaminondas. Por ello, los tebanos, a pesar de su triunfo, tuvieron que pedir la paz y perdieron la hegemonía obtenida. Los espartanos no pudieron asumir el control de la Hélade porque las guerra contra los tebanos los había debilitado y las otras cuidad-estado, tampoco.

Entonces, una ciudad considerada como bárbara sobresalió en la política de la Hélade: Macedonia, cuyo rey era Filipo II. Él comenzó a expandir su reino con miras a tener el poder de toda la Hélade. Pero, en Atenas, encontró una férrea oposición de Demóstenes.

Los atenienses sabían que lo que decía Demóstenes, acerca de la barbarie y opresión que traían los macedonios, era algo cierto, pero también sabían lo que era pasar hambre. Ya que Filipo tenía el dominio de la mayor parte del norte de Grecia. A pesar de todo, Demóstenes logró formar una alianza con Corinto en contra de Filipo.

Entonces, Filipo tomó la iniciativa y atacó Beocia para ganar el campo de batalla y poder enfrentar a los aliados. En este lugar se produjo la batalla de Queronea cuyo resultado fue la victoria macedonia.

Filipo, político astuto, ofreció la paz a los vencidos. Con este gesto logró tres cosas: demostrar que Demóstenes estaba equivocado, obtener el apoyo de la flota ateniense y hacer de Atenas la base de su imperio. Esta estrategia les permitió a Filipo y a su hijo Alejandro obtener el derecho a la ciudadanía. Filipo ofrece luchar contra los Persas.

Con el tiempo, Filipo se convirtió en el único capaz de dirigir a los Griegos contra los Persas. Entonces, los griegos, con excepción de Esparta, firmaron un tratado para declararlo autoridad en toda Grecia. Se le otorgó así el mando, siendo nombrado presidente y generalísimo con el título de “hegemon”.

Debido a su muerte los planes de Filipo no se concretaron, pero su hijo, el gran Alejandro Magno, los continuó y de una manera más agresiva.

Los aberrantes e inhumanos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial indujeron a la comunidad internacional a aprobar numerosas convenciones y tratados para que sean la barrera jurídica que nos proteja de la repetición de hechos de esta naturaleza.

Los primeros signos concretos de esta idea iluminada se dieron con la creación de los Tribunales de Núremberg y de Tokio para procesar a los criminales de guerra nazis y japoneses.

Pero eso no fue suficiente porque la historia de genocidio siguió repitiéndose. Por ello, tuvo que crearse los tribunales Ah Hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda con el fin de castigar a esos genocidas y violadores de los derechos humanos. La idea de que existían ciertas conductas cuyo juzgamiento requerían de la justicia internacional se reforzaba, pero había necesidad de formar un organismo que sea permanente y que cumpla con esa función.

Por ello, en la ciudad de Roma, se celebró una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas que dio como resultado un acta, suscrita el día 17 de julio de 1998, en la que se establecía la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional es un órgano de justicia internacional independiente, de carácter permanente, cuyo objetivo es asegurar que los más graves crímenes internacionales (el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión) no queden impunes y que tengan el castigo que se merecen.

Los primeros casos conocidos por la Corte fueron situaciones de crímenes internacionales en la República Democrática del Congo, Uganda, la República Centroafricana y Sudán, remitidas por los propios países y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En un histórico día, el 14 de octubre de 2005, se anunció a la prensa que el Fiscal de la Corte emitió órdenes internacionales de búsqueda y captura inmediata en contra de cinco ugandeses pertenecientes al Ejército de Resistencia del Señor, por graves crímenes cometidos en ese país africano. La Corte empezaba a actuar para cumplir sus objetivos de creación.